Manifiesto de
CCOO y UGT ante el Primero de Mayo de 2012
Trabajo, dignidad,
derechos
El 1º de Mayo, Día Internacional
del Trabajo, se caracteriza -en este año- por la profundización de la crisis
global; tras casi cinco años del inicio de la crisis financiera, el fracaso de
las políticas neoliberales aplicadas es un hecho incuestionable y con efectos dramáticos
al haber aumentado la destrucción de empleo, la pobreza y las desigualdades.
Ante la falta de regulación del
sistema financiero, los ataques a la deuda soberana de los países, el
empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, la disminución de la protección
social y el deterioro de los servicios públicos, la Confederación Sindical Internacional
y la Confederación Europea de Sindicatos responden con la movilización sindical, reclamando una salida social a la
crisis, con otras políticas que impulsen el crecimiento económico y del empleo
y preserven la cohesión social. Junto al movimiento sindical internacional y
europeo, CCOO y UGT reivindicamos el fin de todos los conflictos bélicos
originados por los intereses económicos y políticos o por los fanatismos de
todo tipo y exigimos que terminen, de una vez por todas, las violaciones de los
derechos laborales, sindicales y civiles en todo el planeta.
Un camino de esperanza
para los pueblos árabes
La llamada “Primavera árabe” ha
producido, en 2011, el derrocamiento de las dictaduras de Túnez, Egipto y Libia. En este
último país, tras una intervención de la OTAN y una guerra civil. En Siria, el
conflicto ha devenido en una guerra civil en la que aún hoy continúa inmersa
por la negativa del régimen represor de los Assad a abrir paso a la democracia.
En otros países se han realizado cambios políticos de orientación democratizadora
como consecuencia de la presión popular. Con independencia de las dificultades,
incertidumbres y riesgos que se manifiestan en los países árabes, hay que valorar
como merecen las rebeliones de los pueblos por la libertad y la justicia y para
poner fin a dictaduras corruptas.
La OIT regula derechos
laborales para el trabajo doméstico
En la 100ª Conferencia
Internacional de Trabajo de la OIT, celebrada en junio de 2011, además de otros
asuntos tratados, hay que celebrar que se adoptaron normas laborales
internacionales para proteger a entre 53 y 100 millones de trabajadores domésticos
en el mundo. En los países en desarrollo representan entre el 4 y 12% del empleo
asalariado, siendo alrededor del 83% mujeres o niñas y muchas de ellas migrantes.
Es la primera vez en la historia de la OIT que las normas laborales se llevan al
ámbito de la economía informal. Las nuevas normas se convertirán en el Convenio
189º de la OIT y la Recomendación nº 201 y establecen que los millones de trabajadores
y trabajadoras domésticos del mundo tengan los mismos derechos básicos que
otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de
al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información
clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical
y negociación colectiva.
Las políticas
neoliberales debilitan el modelo social europeo
Europa atraviesa una gran crisis
económica y social, con niveles récord de desempleo, y caminando hacia un
periodo de recesión general que ya es una realidad en algunos de los países de
la Unión. En la UE27, a finales de 2011, eran ya más de 23 millones de hombres
y mujeres los que carecían de empleo, entre ellos 5 millones de jóvenes.
En los últimos dos años, estamos
viviendo el más sistemático y generalizado ataque contra los derechos laborales
y sociales desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. El ataque está impulsado desde
las mismas instituciones europeas: Consejo, Comisión y Banco Central Europeo.
Sus líneas de acción son las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y
las llamadas “reformas estructurales”, en particular las del mercado de
trabajo. Sus instrumentos jurídico-políticos son, por el momento, los seis reglamentos
del Plan de gobernanza económica, el Pacto por el euro plus y el nuevo Tratado
o Pacto fiscal. Sus consecuencias afectan a todos los países de la UE, con distinta
intensidad. De forma dramática a los países del sur y el este de Europa que tienen
serios problemas en sus finanzas públicas: disminución de salarios y pensiones,
pérdida o erosión de los derechos laborales y sociales, debilitamiento
(anulación en algunos casos) de la negociación colectiva y de la capacidad de
los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro serio de las
prestaciones y servicios públicos sobre los que se basan los Estados de
bienestar europeos.
Sometidos, con más o menos
entusiasmo, a la ideología del pensamiento económico conservador del actual
gobierno alemán, los responsables políticos europeos están actuando con una
cortedad de miras y unos niveles de irresponsabilidad extraordinarios manteniendo
unas políticas manifiestamente fracasadas que ponen en peligro la misma
existencia del euro, en lo económico, y de la propia Unión Europea, en lo
político. El debilitamiento del modelo social europeo y su sustitución por un modelo
ultraliberal de “sólo mercado” y un modelo dual en el que a los países periféricos,
como España, les correspondería competir en base a una profunda reducción de
los salarios y de los derechos laborales y sociales.
Las políticas impulsadas por las
instituciones europeas son muy injustas y sus consecuencias están siendo: más
personas en paro, más pobreza y más desigualdad social. Además, son un fracaso
en términos económicos. Sus objetivos explícitos – déficit público del 3% del
PIB en 2013 y mejora de la capacidad de financiación de los Estados- está lejos
de poder cumplirse, dado que las políticas de austeridad han llevado de una
incipiente recuperación económica a una nueva recesión. Hoy, la crisis de las
deudas soberanas está más extendida y es más profunda que a comienzos de 2010
(cuando se fijaron los objetivos del déficit).
El sindicalismo europeo tiene
alternativas a esta difícil situación que son compartidas por un creciente
número de organizaciones sociales y políticas. La Confederación Europea de Sindicatos
(CES), para resolver la crisis de las deudas soberanas e impulsar el
crecimiento de la economía y el empleo, propone: emitir deuda europea (eurobonos),
reformar el BCE para darle las competencias de los demás bancos centrales,
implantar un impuesto a las transacciones financieras, actuar decididamente
contra el fraude y la evasión fiscal y acabar con los paraísos fiscales, regular
los mercados financieros para ponerlos al servicio de la economía real, armonizar
fiscalmente la UE, impulsar un plan europeo de inversiones en redes de transporte
y comunicación y actividades de economía verde, reformar los Tratados de la UE
para que el gobierno de la UE sea realmente democrático y respete los principios,
valores e instituciones que han configurado su modelo social. Para alcanzar los
objetivos de reducción de los déficits públicos, la CES reclama un plazo más prolongado,
y desde la recuperación del crecimiento económico, no desde la recesión. La CES
ha propuesto, además, trabajar por un Nuevo contrato social europeo que restaure
el valor del diálogo social y establezca un amplio conjunto de derechos laborales
y sociales comunes sobre los que basar la construcción de una nueva Unión Europea
que pueda volver a convertirse en la región del mundo económicamente más avanzada,
con un modelo de desarrollo sostenible y socialmente más justa. Porque ambas
opciones son perfectamente compatibles.
Reformas injustas y
políticas ineficaces
En España, la pésima situación
económica y del empleo, lejos de reconducirse, se agrava. Superada, en 2011, la
cifra de 5.270.000 personas desempleadas, las expectativas para este año y el
próximo, inmersos ya en una recesión económica, auguran un aumento mucho mayor
del desempleo, con la extensión de los despidos al ámbito de las
administraciones y servicios públicos y por los efectos, en el ámbito privado,
de la contracción drástica de la inversión pública. Una situación en la que la brecha
entre ricos y pobres aumenta cada día y sitúa a más del 22% de los hogares españoles
por debajo del umbral de la pobreza.
Las dificultades para que las
personas jóvenes encuentren empleo, convierten el desempleo juvenil en un
problema social de primera magnitud ante la falta de expectativas laborales que
limitan severamente sus posibilidades de desarrollo y autonomía y que llevan, a
las personas más preparadas, a ver en la emigración una de sus escasas
alternativas. El desempleo de larga duración también se ceba en mujeres y
hombres que por su mayor edad tienen escasas posibilidades de reincorporarse al
mercado de trabajo en estas circunstancias y también en un futuro, cuando la
economía repunte y genere nuevos empleos.
Las reformas laborales llevadas a
cabo por el anterior Gobierno, atendiendo a los requerimientos de reformas
estructurales impulsados por la UE, no han servido para frenar la destrucción
de puestos de trabajo y sí para aumentar la precariedad laboral.
El giro en la política económica
y social, adoptado por el Gobierno en 2010 y continuado en 2011, ha tenido
consecuencias negativas para el empleo y para la prestación de los servicios
públicos, facilitando la ofensiva contra lo público que, desde diversos ámbitos
políticos y económicos, ligados a las posiciones más neoliberales, se desencadenaron
en algunas Comunidades Autónomas y llevan camino de generalizarse en todo el
país.
Los errores en la gestión
política de la crisis, llevaron a la desafección de una parte importante de su
electorado y a facilitar un cambio de ciclo político, iniciado en las elecciones
municipales y autonómicas de mayo de 2011, al poner en manos del Partido Popular
la mayoría de los gobiernos e instituciones. Tras la alternancia política resultado
de las elecciones generales del 20 de noviembre, el Gobierno del PP ha iniciado
una rápida carrera por la puesta en marcha de drásticos recortes presupuestarios
y profundas reformas estructurales, entre las que destaca la reforma laboral por
sus efectos lesivos para los trabajadores y por la involución que supone en aspectos
esenciales del derecho del trabajo, aprobada sin el menor intento de negociación,
ni siquiera consulta previa, con las organizaciones sindicales y con desprecio
absoluto del valor del diálogo social y de los contenidos de dos importantes
Acuerdos interconfederales
firmados por las confederaciones empresariales y sindicales pocos días antes de
que el Gobierno aprobase el RD-ley. UGT y CCOO reclamamos la necesidad y
oportunidad del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC
2012-2014), con el que se trata de contribuir, desde la negociación colectiva,
a la reactivación económica, a través de una importante contención de salarios,
precios y beneficios empresariales, y la reinversión del excedente empresarial
para la mejora de la competitividad y productividad; contribuir a la
consolidación del empleo, a través de la aplicación preferente, a la hora de afrontar
la crisis, de medidas de flexibilidad interna negociada, y a la reducción de la
conflictividad laboral a través del fortalecimiento del diálogo en la empresa y
de la solución autónoma de conflictos, avalada también con la firma del V
Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos (ASAC 2012-2016).
Frente a la opción promovida por
los Acuerdos interconfederales, el RD-ley supone una reforma brutal, que
facilita y abarata el despido, precariza las nuevas contrataciones, desequilibra
a favor de la empresa las relaciones laborales, aumenta la desigualdad y genera
nuevas formas de discriminación, debilita la negociación colectiva y la función
de las organizaciones sindicales. Una reforma con claros elementos de inconstitucionalidad
y que vulnera, también, algunos importantes convenios internaciones de la OIT.
Una reforma laboral que ha sido
contestada con la Huelga General del 29 de marzo, convocada por CCOO y UGT, con
un alto grado de participación incuestionable, más de 10 millones de
trabajadoras y trabajadores, y varios millones de personas manifestándose en
las calles de las principales ciudades españolas. La dimensión de la movilización
confirma el apoyo a la petición de rectificación que reclaman los sindicatos.
El Gobierno debe escuchar a los millones de personas que han expresado su malestar
y profundo rechazo a la reforma y a los recortes sociales. UGT y CCOO daremos
una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación, instando a que, en el periodo
de tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma laboral, el Gobierno
atienda las propuestas sindicales presentadas como alternativa al contenido del
RD-ley para eliminar sus aspectos más lesivos y no ahondar en políticas que producirán
mayores dificultades económicas para la mayoría de la población y un agravamiento
de la conflictividad social.
Sin embargo, no parece ser esta
la línea escogida por el Gobierno y con los
Presupuestos Generales para 2012
presentados el 30 de marzo, demuestra que su prioridad no es el empleo sino
atender las exigencias del Eurogrupo para limitar el déficit este año al -5,3%
del PIB. Unos presupuestos que, centrados en recortar el déficit público,
generarán menos actividad económica, más paro, una reducción de la calidad y
cobertura de los servicios públicos y un debilitamiento de la cohesión social.
En definitiva, más injusticia y
más desigualdad, a la vez que se premia a los defraudadores con una amnistía
fiscal. CCOO y UGT reclamamos una negociación para alcanzar un gran acuerdo
nacional para la reactivación de la economía y la generación de empleo suficiente
y de calidad, que contemple medidas de persecución del fraude fiscal y de
redistribución de la carga impositiva para que quienes más recursos tienen
contribuyan en justa medida a la salida de la crisis; que garantice que el
sistema financiero ponga a disposición de las empresas y de las familias los
recursos necesarios para recuperar la actividad y aumentar el consumo; que
favorezca un cambio en el modelo de crecimiento, impulsando la investigación,
la innovación tecnológica, la educación y la formación, el desarrollo
sostenible, la prevención y protección de la salud; que consolide la igualdad de
oportunidades y la lucha contra la discriminación laboral y social como valores
inherentes a la democracia y al estado social; que recupere la aplicación
efectiva de la Ley de dependencia, como un pilar fundamental del Estado del
bienestar, desarrollando todas sus capacidades de generación de empleo.
UGT y CCOO reclamamos respeto a
la autonomía de las partes en el ámbito de las relaciones laborales; defendemos
el beneficio que a la cohesión social aportan los convenios y acuerdos
sectoriales, compatible con el desarrollo de la negociación en la empresa;
promovemos que la defensa y la creación de empleo sea el núcleo central de la
negociación colectiva.
CCOO y UGT reclamamos al Gobierno
la apertura de un proceso de negociación para cambiar en profundidad la reforma
laboral, centrar las políticas públicas en el crecimiento económico y la
creación de empleo, en la defensa del modelo social, los servicios públicos
esenciales y la cohesión social. Este Primero de Mayo es la continuación de la
huelga general y las manifestaciones llevadas a cabo el pasado 29 de marzo
contra la reforma laboral. Si el Gobierno sigue sin abrir la negociación reclamada
por los sindicatos, el conflicto social seguirá abierto y creciente hasta que rectifique
substancialmente esta reforma.
En estos tiempos de globalización
y crisis económica es necesario reforzar la unidad y la solidaridad por una
salida social a la crisis. UGT y CCOO llamamos a los trabajadores y
trabajadoras, a los ciudadanos a movilizarse en defensa del modelo social y por
el empleo:
QUIEREN ACABAR CON TODO: TRABAJO, DIGNIDAD,
DERECHOS
¡NO A LA REFORMA LABORAL!
¡MÁS EMPLEO, MENOS PRECARIEADAD!
¡SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD!
¡POR LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS SOCIALES!
¡MÁS INVERSIÓN Y MENOS RECORTES!
LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA IGUALDAD SON PRINCIPIOS
Y DERECHOS
IRRENUNCIABLES
TRABAJO, DERECHOS, DIGNIDAD
