El mantenimiento
de las políticas
sociales y de igualdad,
es un principio y un derecho
irrenunciable
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han presentado junto a representantes de cuarenta organizaciones sindicales, sociales y culturales, la Plataforma Social para la defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos de calidad, universales, accesibles, que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad. Una importante iniciativa que, como ha destacado el secretario general de CCOO “nace para dar una respuesta desde la sociedad civil a la necesidad de defensa de un modelo social que ha sentado las bases del bienestar y que ahora se ve amenazado por las políticas de ajustes y de recortes auspiciadas por las instituciones europeas e impuestas por los Gobiernos central y autonómicos”.
Las organizaciones que
forman la Plataforma Social
apuestan por otra salida de la
crisis: solidaria, redistributiva,
que mantenga las políticas
sociales públicas; sustentada
en unos sistemas fiscales
progresivos y suficientes,
y en el reforzamiento de la
democracia a través de la
negociación, la concertación y
la participación social
Como se denuncia en el manifiesto hecho público durante la presentación de esta importante iniciativa, “Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una reducción del gasto social, una minoración de los sistemas fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos en la vida económica y social”. Unos argumentos que la Plataforma Social para la defensa del Estado de Bienestar y los servicios públicos no comparten.
Además, advierten que la crisis ha aumentado las desigualdades sociales y que en España a la desigual distribución de la renta se ha unido un injusto sistema tributario, caracterizado por su regresividad. Pues “ni todas las fuentes de renta contribuyen con La misma intensidad, ni toda la ciudadanía, ni todas las empresas contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica.”
Sin recursos suficientes, advierten, los poderes públicos no pueden desarrollar una asignación equitativa de los recursos que redunde en el progreso social y económico, y que garantice la asistencia y las prestaciones sociales para las situaciones de necesidad.
En este sentido, las cuarenta organizaciones que constituyen la Plataforma consideran que la protección integral y la universalización de la cobertura de las prestaciones sociales son una parte indispensable del estado social, y denuncian que las propuestas neoliberales están sirviendo a los poderes públicos como pretexto para renunciar a ejercer sus potestades de provisión, financiación, gestión, organización, planificación y regulación, en aras de garantizar la cobertura de necesidades y tutelar los derechos sociales fundamentales
Por ello, defienden la gestión pública directa para acceder a los servicios públicos de forma universal, para favorecer la equidad y calidad de los mismos, con una adecuada acción inspectora que evite desviaciones en su gestión. Asimismo, exigen la reorientación de la política económica hacia criterios de sostenibilidad y equidad como eje de la recuperación y no basada exclusivamente en la reducción del déficit público a través del recorte del gasto. Además, reclaman un sistema fiscal progresivo, que se amplíe el plazo del cumplimiento de los objetivos de déficit, pues como ha recordado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “no es posible sostener el modelo social con un objetivo de déficit del 4,4% para este año”; así como el reforzamiento de la democracia a través de la negociación, la concertación y la participción. El gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, sanitaria y de servicios sociales, es la contribución directa que las Administraciones deben hacer para favorecer la salida de la crisis. Y para ello, la Plataforma Social recuerda que son necesarios unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía. Unos servicios públicos de calidad como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre; basada en la justicia distributiva y la universalidad, y donde las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles.
Los servicios públicos
de interés general son fuente
de desarrollo económico,
de creación de empleo,
prosperidad y cohesión
social. Por ello, la Plataforma
Social exige a los Gobiernos
que rectifiquen la orientación
de sus políticas sociales,
recuperando
el mantenimiento y mejora
del Estado de bienestar
como uno de los ejes
fundamentales de nuestro
modelo social
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