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domingo, 1 de abril de 2012

HUELGA GENERAL 29M, un éxito de participación y un éxito democrático




CCOO considera un éxito el seguimiento de la huelga general del 29 de marzo y de las 111 manifestaciones convocadas en todo el país contra la reforma laboral más brutal de la democracia, que supone la demolición de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Pese a la extorsión y amenazas, encubiertas de despido, por parte de algunos empresarios y a los abusivos servicios mínimos impuestos en nueve comunidades autónomas, la casi nula actividad de los turnos de noche (que llegó a ser del 100% en grandes empresas como Sidenor, Mercedes, Petronor, Michelin, Rottemberger, Negarra, Pepsico, Tubacex, Tubos Reunidos, Productos Tubulares, Alstom, Bombardier, Vicrila, Alfa, Cie Automotive, Cofrusa, Juver...) auguraban el éxito de una huelga que arrancó con fuerza. A primeras horas del jueves se detuvo la actividad especialmente en la industria metalúrgica, farmacéutica, naval, automoción, química, la limpieza y recogida de basuras, el transporte, correos, la construcción, mercados de abastecimiento y centros de distribución; mientras que los diarios no llegaron a los quioscos y los informativos de televisiones y radios redujeron sus espacios. Un indicador más del impacto de la huelga fue la caída de la demanda energética, que descendió de forma constante hasta un 25% respecto a lo consumido el jueves anterior a la huelga, y todo ello pese a las “indicaciones” dadas por algunos empresarios y ayuntamientos para que se dejaran las luces encendidas, con objeto de dar una imagen de “normalidad”.

En general, la huelga discurrió con ausencia de conflictos destacables, en un ejercicio de civismo y madurez. Son millones los protagonistas de la huelga que han levantado su voz contra la reforma laboral. Ahora el Gobierno debe rectificar y abrir una negociación. Si el Gobierno insiste en una reforma suicida, habrá conflicto social y se prolongará todo lo que sea necesario”



La huelga general del 29M ha sido un éxito de participación incuestionable y un éxito democrático de los trabajadores, que no se han dejado amedrentar por el miedo ni las coacciones. Pese al chantaje, amenazas e intentos de empresarios y sectores próximos al Gobierno para deslegitimar la jornada de paro (el propio ministro de Economía cuestionaba el derecho constitucional de huelga), casi el 80% de la población asalariada del país (el 97% en la industria, los transportes y la construcción y el 57% en la Administración Pública) respaldó la convocatoria de CCOO y UGT y ejerció su derecho a la huelga contra la reforma laboral que abarata el despido y recorta los derechos laborales. Un éxito de participación que ha sido refrendado por los millones de personas que acudieron a las impresionantes manifestaciones celebradas en todo el país.

Una jornada intensa y pacífica que sólo se vio alterada por los servicios mínimos abusivos y el desmesurado despliegue policial en las calles; así como por las cargas contra los piquetes (como la registrada en las cocheras de los autobuses urbanos, con un amplio e intimidatorio despliegue de policía a caballo); o por el incidente ocurrido en Torrelavega (Cantabria) donde una trabajadora afiliada a CCOO fue agredida con un cuchillo por el empresario de un restaurante, cuando intentaba desarrollar su función como piquete informativo.

Como denunció el secretario de Organización de CCOO, Antonio del Campo, “el Gobierno ha intentado convertir la huelga en una cuestión de orden público, para intimidar a los trabajadores para que no hicieran huelga”.



El 29M se ha puesto de manifiesto que la regresiva reforma laboral impuesta por el Gobierno de Rajoy cuenta con la reprobación de buena parte de la ciudadanía de este país. Los trabajadores han dicho alto y claro que no están dispuestos a aceptar más recortes de derechos laborales y sociales. También han exigido la retirada de una reforma laboral que se ha convertido en el mayor ataque, sin precedentes, a los derechos laborales y al Estado social.

“El Gobierno, como ha advertido el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, no debería empecinarse en el agravamiento del conflicto social y atender a este último aviso de la ciudadanía”.

“La huelga es una oportunidad a la negociación, y si no es así habrá un conflicto social creciente hasta que se rectifique sustancialmente la reforma laboral”. En este sentido, CCOO y UGT fijarán un calendario creciente de movilizaciones hasta el 1 de mayo, a la espera de que se modifique la reforma. Los sindicatos están dispuestos a seguir luchando. “Tenemos propuestas y alternativas, y esperamos que la participación masiva en la huelga y manifestaciones sea la señal que el Gobierno estaba esperando para abrir el diálogo y convertir la huelga en una oportunidad”, dijo Toxo.



Además, el secretario general de CCOO ha insistido en que no vale la excusa de Bruselas para realizar reformas en España, ya que los márgenes de maniobra existen. En todo caso, CCOO y UGT han anunciado que, con el impulso de la huelga, en los próximos días se dirigirán por tercera vez, al presidente del Gobierno, a los grupos parlamentarios y a las organizaciones empresariales para buscar un gran consenso que permita relanzar la actividad económica y reducir las elevadas tasas de paro”.

También pedirán al Defensor del Pueblo que presente un recurso contra la reforma; presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por vulneración de derechos y pedirán al presidente del Congreso que acelere la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentaron en su día los sindicatos, con el aval de más de un millón de firmas, y con una propuesta alternativa para potenciar la creación de empleo.

CCOO agradece a todos los trabajadores y trabajadoras la masiva participación que se ha registrado en la huelga general, así como en las manifestaciones que han recorrido las principales ciudades del país, y que se han convertido en un clamor contra la reforma laboral

El broche final a la jornada de huelga general lo pusieron las 111 manifestaciones celebradas en las principales ciudades españolas, en las que participaron más de cuatro millones de millones de personas. Por Comunidades Autónomas, las manifestaciones celebradas en Andalucía registraron una participaron de 360.000 personas; en Aragón 200.000; Asturias 100.000; Cantabria 35.000; Castilla y León 208.500; Castilla La Mancha 60.000; Cataluña

1.000.000; País Vasco 60.000; Extremadura25.000; Galicia 295.000; Baleares 74.000; Canarias 160.000; Madrid 900.000; Murcia 110.000; Valencia 400.000; La Rioja 25.000; Ceuta 300; Melilla 1.000 y en Navarra unas 20.000 personas.

En medio de un ambiente festivo y altamente reivindicativo, antes de arrancar las manifestaciones cientos de miles de personas ya abarrotaban las calles y aledaños por donde tendrían que transcurrir las marchas convocadas en todo el país por CCOO y UGT contra una reforma laboral inaceptable; lo que hizo que fuera prácticamente imposible avanzar.



Bajo el lema ‘Quieren acabar con todo”, la impresionante manifestación de Madrid, que tardó casi tres horas en hacer su recorrido, estuvo encabezada por los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, quienes a su llegada a una abarrotada Puerta del Sol mostraron su satisfacción por el éxito indudablede convocatoria

“Hoy se ha echado a la calle un río democrático de personas que defienden sus derechos y el modelo social que tanto trabajo y esfuerzo ha costado a este país”, subrayó el secretario general de CCOO en su intervención. En este sentido recordó que “el Gobierno ha hecho inevitable esta huelga general –advirtió Toxo– cuyo éxito no se puede disimular agitando el espantajo de que no ha participado nadie”. EL éxito de la huelga y las multitudinarias manifestaciones del 29M demuestran que “la estrategia del miedo ha fracasado”. “Esta huelga la vamos a ganar, esta huelga, como todas las movilizaciones, va a dar su fruto. España necesita de otras medidas, de otras políticas”, aseguró Toxo ,tras insistir en que la reforma lesiva y desequilibrada puesta en marcha por el Gobierno que sólo va a servir para deteriorar nuestro mercado laboral.

El secretario general de CCOO finalizó su intervención subrayando que “ésta no es la estación final de nada”. Depende de lo que haga el Gobierno, depende de las decisiones que tome en los próximos días. “Si no cambia e insiste en una reforma suicida, habrá conflicto ascendente y se prolongará todo lo que sea necesario” concluyó Toxo.

sábado, 25 de febrero de 2012

GACETA SINDICAL Nº 83


El mantenimiento
de las políticas
sociales y de igualdad,
es un principio y un derecho
irrenunciable

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han presentado junto a representantes de cuarenta organizaciones sindicales, sociales y culturales, la Plataforma Social para la defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos de calidad, universales, accesibles, que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad. Una importante iniciativa que, como ha destacado el secretario general de CCOO “nace para dar una respuesta desde la sociedad civil a la necesidad de defensa de un modelo social que ha sentado las bases del bienestar y que ahora se ve amenazado por las políticas de ajustes y de recortes auspiciadas por las instituciones europeas e impuestas por los Gobiernos central y autonómicos”.





Las organizaciones que
forman la Plataforma Social
apuestan por otra salida de la
crisis: solidaria, redistributiva,
que mantenga las políticas
sociales públicas; sustentada
en unos sistemas fiscales
progresivos y suficientes,
y en el reforzamiento de la
democracia a través de la
negociación, la concertación y
la participación social




Como se denuncia en el manifiesto hecho público durante la presentación de esta importante iniciativa, “Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una reducción del gasto social, una minoración de los sistemas fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos en la vida económica y social”. Unos argumentos que la Plataforma Social para la defensa del Estado de Bienestar y los servicios públicos no comparten.
Además, advierten que la crisis ha aumentado las desigualdades sociales y que en España a la desigual distribución de la renta se ha unido un injusto sistema tributario, caracterizado por su regresividad. Pues “ni todas las fuentes de renta contribuyen con La misma intensidad, ni toda la ciudadanía, ni todas las empresas contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica.”
Sin recursos suficientes, advierten, los poderes públicos no pueden desarrollar una asignación equitativa de los recursos que redunde en el progreso social y económico, y que garantice la asistencia y las prestaciones sociales para las situaciones de necesidad.
En este sentido, las cuarenta organizaciones que constituyen la Plataforma consideran que la protección integral y la universalización de la cobertura de las prestaciones sociales son una parte indispensable del estado social, y denuncian que las propuestas neoliberales están sirviendo a los poderes públicos como pretexto para renunciar a ejercer sus potestades de provisión, financiación, gestión, organización, planificación y regulación, en aras de garantizar la cobertura de necesidades y tutelar los derechos sociales fundamentales
Por ello, defienden la gestión pública directa para acceder a los servicios públicos de forma universal, para favorecer la equidad y calidad de los mismos, con una adecuada acción inspectora que evite desviaciones en su gestión. Asimismo, exigen la reorientación de la política económica hacia criterios de sostenibilidad y equidad como eje de la recuperación y no basada exclusivamente en la reducción del déficit público a través del recorte del gasto. Además, reclaman un sistema fiscal progresivo, que se amplíe el plazo del cumplimiento de los objetivos de déficit, pues como ha recordado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “no es posible sostener el modelo social con un objetivo de déficit del 4,4% para este año”; así como el reforzamiento de la democracia a través de la negociación, la concertación y la participción. El gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, sanitaria y de servicios sociales, es la contribución directa que las Administraciones deben hacer para favorecer la salida de la crisis. Y para ello, la Plataforma Social recuerda que son necesarios unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía. Unos servicios públicos de calidad como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre; basada en la justicia distributiva y la universalidad, y donde las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles.


Los servicios públicos
de interés general son fuente
de desarrollo económico,
de creación de empleo,
prosperidad y cohesión
social. Por ello, la Plataforma
Social exige a los Gobiernos
que rectifiquen la orientación
de sus políticas sociales,
recuperando
el mantenimiento y mejora
del Estado de bienestar
como uno de los ejes
fundamentales de nuestro
modelo social

lunes, 13 de febrero de 2012

Gaceta Sindical


Una reforma laboral pensada
para satisfacer a empresarios y
mercados financieros
 


La reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado 10 de febrero, a modo de Real Decreto, ha merecido una crítica radical del movimiento sindical.
A juicio de CCOO y UGT, la reforma laboral es injusta con los trabajadores, contraproducente para la economía, e inútil para el empleo. Como denunció el secretario general de CCOO en su comparecencia ante los medios de comunicación, junto a Cándido Méndez, esta es una reforma impuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y los gobiernos de Alemania y Francia, y escrita con la pluma de CEOE y FEDEA, una fundación al servicio de la banca española.


CCOO lleva tiempo denunciando el desplazamiento de la política por la economía, el asalto de los poderes financieros a la democracia. Los poderes públicos elegidos democráticamente por la ciudadanía ceden al chantaje de las agencias de calificación, de las instituciones financieras y de los mercados, todos ellos organismos opacos a los que nadie ha elegido. Al frente de este entramado del capitalismo de casino se ha situado la canciller alemana, Ángela Merkel, y con ella la práctica totalidad de los gobiernos europeos, incapaces de hacer valer el peso de la política y la democracia.
Entre los alumnos más aventajados de este discurso económico destaca el Gobierno español, que no ha dudado en aplicar una de las máximas del liberalismo: colocar el mercado de trabajo al servicio de los empresarios; desregular las relaciones laborales; asestar un golpe sin precedentes al derecho del trabajo; y lo que es más grave, engañar a la ciudadanía diciendo que se hace para crear empleo sabiendo, como el mismo presidente ha reconocido, que en el año 2012 podemos acercarnos a los 6 millones de personas desempleadas Es la actividad económica la que crea empleo y no las reformas laborales. Tenemos un precedente incontestable: hace 20 meses el anterior Gobierno aprobó una reforma laboral “también para crear empleo”.
Transcurrido ese tiempo, nuestro país suma 1,5 millones de parados y paradas más. Sin comentarios.



El Gobierno abarata y facilita el despido
 Se da más poder al empresario
• Reduce la indemnización de 45 días por año con un límite de 42 mensualidades en el despido improcedente, a 33 días con un límite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos, aunque el texto de la reforma apuesta decididamente por un despido único de 20 días.
• Se modifican las causas de despido para evitar el control judicial.
• Elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos, lo que va a afectar gravemente a las posibilidades de alcanzar acuerdo con Indemnizaciones superiores a los 20 días por año.
Facilita el despido de los trabajadores de las Administraciones Públicas
El Gobierno a través de las medidas de flexibilidad interna pretende corregir la dualidad del mercado de trabajo colocando a todos los trabajadores en una situación más desprotegida frente al poder discrecional del empresario:
• Amplía las posibilidades de movilidad geográfica.
• Facilita al empresario la posibilidad de modificar unilateralmente jornada, horario, salarios y sistema de rendimiento, entre otras condiciones sustanciales de trabajo.
• Permite sin autorización administrativa suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo.
Afecta gravemente a la negociación colectiva
La reforma laboral aprobada por el Gobierno incide, además, en la calidad de los servicios públicos y facilita el despido de los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones Publicas:
• Puestos de trabajo hasta ahora ocupados con contratos laborales podrán ser ocupados por desempleados perceptores de la prestación por desempleo.
• Se contemplan para los empleados con contrato de trabajo de las Administraciones Publicas las mismas causas de despido que las establecidas para las empresas privadas.
Introduce diferencias en las posibilidades de empleo
El Real Decreto aprobado por el Gobierno conduce a los trabajadores a la negociación individual de sus condiciones de trabajo:
• Contempla la inaplicación de los convenios a través del arbitraje obligatorio, pone fin a la ultra actividad de los convenios colectivos a los dos anos de la terminación de su vigencia inicial; individualizando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
• El convenio de empresa, sea cual sea el numero de sus trabajadores, se sitúa sin excepción como preferente respecto al convenio sectorial.
No reduce las modalidades de contratación indefinida
Coloca en mejor situación a quienes perciben prestaciones por desempleo respecto de aquellos que ya han agotado las mismas. Se hace posible compatibilizar la percepción de desempleo con trabajo y se contemplan incentivos fiscales por la contratación de perceptores de desempleo.

Al contrario, se crea un nuevo contrato indefinido que podrán utilizar el 95% de las empresas; un contrato de dudosa constitucionalidad.
• Este contrato supone el despido libre, pues podrá extinguirse durante su primer año sin indemnización alguna por la simple voluntad del empresario.
• Además se empeoran las condiciones de otras dos modalidades de contratación:
ü  Contrato para la formación y el aprendizaje. Se desvincula de la formación del trabajador.
ü  El contrato a tiempo parcial se modifica para permitir la realización de horas extraordinarias, lo que anima al fraude en la concertación de sus condiciones, y tiene efectos en las cotizaciones y prestaciones sociales.
Se crean las condiciones para condenar definitivamente a los jóvenes al desempleo y al infraempleo a través de “infrajobs”por la vía de la contratación a tiempo parcial y de un nuevo contrato de aprendizaje desvinculado realmente de la formación
La reforma tendrá una respuesta de movilización creciente y sostenida en el tiempo. Desde hoy lunes, asambleas y actos informativos en los centros de trabajo y territorios; el 19 de febrero se celebrarán manifestaciones en las capitales de provincia de todo el país; el 29 de febrero nueva jornada de movilización, coincidiendo con la acción reivindicativa de la CES en toda Europa; y antes de pensar en una respuesta más contundente como la huelga general, los sindicatos quieren escuchar a los trabajadores y a la ciudadanía, aunque está en manos del Ejecutivo reconducir, mediante la negociación, esta situación.