Una reforma laboral pensada
para satisfacer a empresarios y
mercados financieros
La reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado 10 de febrero, a modo de Real Decreto, ha merecido una crítica radical del movimiento sindical.
A juicio de CCOO y UGT, la reforma laboral es injusta con los trabajadores, contraproducente para la economía, e inútil para el empleo. Como denunció el secretario general de CCOO en su comparecencia ante los medios de comunicación, junto a Cándido Méndez, esta es una reforma impuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y los gobiernos de Alemania y Francia, y escrita con la pluma de CEOE y FEDEA, una fundación al servicio de la banca española.
CCOO lleva tiempo denunciando el desplazamiento de la política por la economía, el asalto de los poderes financieros a la democracia. Los poderes públicos elegidos democráticamente por la ciudadanía ceden al chantaje de las agencias de calificación, de las instituciones financieras y de los mercados, todos ellos organismos opacos a los que nadie ha elegido. Al frente de este entramado del capitalismo de casino se ha situado la canciller alemana, Ángela Merkel, y con ella la práctica totalidad de los gobiernos europeos, incapaces de hacer valer el peso de la política y la democracia.
Entre los alumnos más aventajados de este discurso económico destaca el Gobierno español, que no ha dudado en aplicar una de las máximas del liberalismo: colocar el mercado de trabajo al servicio de los empresarios; desregular las relaciones laborales; asestar un golpe sin precedentes al derecho del trabajo; y lo que es más grave, engañar a la ciudadanía diciendo que se hace para crear empleo sabiendo, como el mismo presidente ha reconocido, que en el año 2012 podemos acercarnos a los 6 millones de personas desempleadas Es la actividad económica la que crea empleo y no las reformas laborales. Tenemos un precedente incontestable: hace 20 meses el anterior Gobierno aprobó una reforma laboral “también para crear empleo”.
Transcurrido ese tiempo, nuestro país suma 1,5 millones de parados y paradas más. Sin comentarios.
El Gobierno abarata y facilita el despido
Se da más poder al empresario
• Reduce la indemnización de 45 días por año con un límite de 42 mensualidades en el despido improcedente, a 33 días con un límite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos, aunque el texto de la reforma apuesta decididamente por un despido único de 20 días.
• Se modifican las causas de despido para evitar el control judicial.
• Elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos, lo que va a afectar gravemente a las posibilidades de alcanzar acuerdo con Indemnizaciones superiores a los 20 días por año.
Facilita el despido de los trabajadores de las Administraciones Públicas
El Gobierno a través de las medidas de flexibilidad interna pretende corregir la dualidad del mercado de trabajo colocando a todos los trabajadores en una situación más desprotegida frente al poder discrecional del empresario:
• Amplía las posibilidades de movilidad geográfica.
• Facilita al empresario la posibilidad de modificar unilateralmente jornada, horario, salarios y sistema de rendimiento, entre otras condiciones sustanciales de trabajo.
• Permite sin autorización administrativa suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo.
Afecta gravemente a la negociación colectiva
La reforma laboral aprobada por el Gobierno incide, además, en la calidad de los servicios públicos y facilita el despido de los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones Publicas:
• Puestos de trabajo hasta ahora ocupados con contratos laborales podrán ser ocupados por desempleados perceptores de la prestación por desempleo.
• Se contemplan para los empleados con contrato de trabajo de las Administraciones Publicas las mismas causas de despido que las establecidas para las empresas privadas.
Introduce diferencias en las posibilidades de empleo
El Real Decreto aprobado por el Gobierno conduce a los trabajadores a la negociación individual de sus condiciones de trabajo:
• Contempla la inaplicación de los convenios a través del arbitraje obligatorio, pone fin a la ultra actividad de los convenios colectivos a los dos anos de la terminación de su vigencia inicial; individualizando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
• El convenio de empresa, sea cual sea el numero de sus trabajadores, se sitúa sin excepción como preferente respecto al convenio sectorial.
No reduce las modalidades de contratación indefinida
Coloca en mejor situación a quienes perciben prestaciones por desempleo respecto de aquellos que ya han agotado las mismas. Se hace posible compatibilizar la percepción de desempleo con trabajo y se contemplan incentivos fiscales por la contratación de perceptores de desempleo.
Al contrario, se crea un nuevo contrato indefinido que podrán utilizar el 95% de las empresas; un contrato de dudosa constitucionalidad.
• Este contrato supone el despido libre, pues podrá extinguirse durante su primer año sin indemnización alguna por la simple voluntad del empresario.
• Además se empeoran las condiciones de otras dos modalidades de contratación:
ü Contrato para la formación y el aprendizaje. Se desvincula de la formación del trabajador.
ü El contrato a tiempo parcial se modifica para permitir la realización de horas extraordinarias, lo que anima al fraude en la concertación de sus condiciones, y tiene efectos en las cotizaciones y prestaciones sociales.
Se crean las condiciones para condenar definitivamente a los jóvenes al desempleo y al infraempleo a través de “infrajobs”por la vía de la contratación a tiempo parcial y de un nuevo contrato de aprendizaje desvinculado realmente de la formación
La reforma tendrá una respuesta de movilización creciente y sostenida en el tiempo. Desde hoy lunes, asambleas y actos informativos en los centros de trabajo y territorios; el 19 de febrero se celebrarán manifestaciones en las capitales de provincia de todo el país; el 29 de febrero nueva jornada de movilización, coincidiendo con la acción reivindicativa de la CES en toda Europa; y antes de pensar en una respuesta más contundente como la huelga general, los sindicatos quieren escuchar a los trabajadores y a la ciudadanía, aunque está en manos del Ejecutivo reconducir, mediante la negociación, esta situación.
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