NOTA INFORMATIVA



Ante la convocatoria formal por los Sindicatos de CCOO y UGT, el pasado viernes 16,  de HUELGA GENERAL para el jueves 29 de marzo, contra la REFORMA LABORAL "más regresiva de la historia de la democracia de España", aprobada por  Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, os informamos de los siguientes aspectos:

El derecho de los empleados a secundar la HUELGA GENERAL de manera VOLUNTARIA Y CON ABSOLUTA LIBERTAD, se recoge (al menos de momento, puesto que se prevén reformas legislativas en materia de huelga) en textos básicos y prioritarios en la regulación de de las relaciones entre empresario y trabajador:

•             La CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, entre los “Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas”, en su art. 28 determina que “se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”.

•             El ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (Real Decreto Legislativo 1/1995), en la relación de su art. 4 sobre “Derechos laborales”, incluye la el derecho a la huelga.

•             El Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre RELACIONES DE TRABAJO, en su art. 6, destaca CUESTIONES DE INTERÉS PARA LOS TRABAJADORES EN SUPUESTO DE HUELGA:

1. El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral.

2. Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario.

3. El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador.

4. Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga.

5. En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma salvo caso de incumplimiento de los servicios mínimos.

6. Los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna.

•             Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000), en su art. 10.8 califica de INFRACCIÓN MUY GRAVE: “Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento

CONCLUSIONES DE LA LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

 

1.            SOBRE EL DINERO QUE NOS DESCUENTAN POR SECUNDAR LA HUELGA.

El derecho de huelga repercute tanto sobre el salario base como sobre los complementos salariales, incluyéndose la parte proporcional de la retribución de los días de descanso semanal y de las pagas extraordinarias, así como el complemento de participación en beneficios y excluyéndose únicamente las percepciones extrasalariales.

2.            SOBRE LA SITUACIÓN DE ALTA ESPECIAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

Se trata de una situación asimilada a estar de alta en la seguridad social. Es decir, que si el trabajador en huelga sufre ese día un accidente, está protegido.

3.            SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE HUELGUISTAS POR EL EMPRESARIO.

La Jurisprudencia es más estricta que la ley en este sentido y afirma que “durante la huelga, el empresario no puede sustituir a los trabajadores huelguistas con personal ajeno a la empresa ni con otros de la misma empresa. Las actuaciones de esta índole suponen una vulneración del derecho fundamental de huelga.

La empresa NO puede cambiar el horario de un trabajador para cubrir el puesto dejado por un huelguista.

4.            SOBRE EL PREAVISO DE LOS TRABAJADORES.

Los trabajadores no tienen que avisar/informar a la empresa de sus intenciones a cerca de secundar o no la huelga. Así, la  empresa está totalmente obligada a respetar al trabajador en este sentido  y jamás puede preguntar a los trabajadores sobre esta cuestión, ni siquiera argumentando cuestiones de organización.

Ningún jefe de oficinas, ningún supervisor y, desde luego, ningún delegado o cargo de RRHH, nunca, y bajo ningún concepto podrán efectuar “sondeo” alguno en su grupo de trabajo.

5.            SOBRE LA  RECUPERACIÓN DE LAS HORAS POR HACER HUELGA

Ningún trabajador puede ser obligado a recuperar las horas que no ha trabajado por haber secundado la huelga

6.            SOBRE SERVICIOS MÍNIMOS.

Teniendo en cuenta que “servicios mínimos esenciales” para la comunidad son “aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población”, los delegados de CCOO, entendemos que no deben imponerse en Kone.

Es cierto que existen empresas, relacionadas con tareas de seguridad y mantenimiento de las instalaciones, en las que se plantea la posibilidad de regular servicios mínimos y el incumplimiento de los mismos por parte del trabajador al que se le han asignado, puede acarrear el despido. Sin embargo, por el momento, la Dirección de Kone no se ha puesto en contacto con nosotros a efectos de un acuerdo en esta materia.

7.            SOBRE TRABAJADORES EN TURNO DE NOCHE.

Para aquellos compañeros cuyo turno se desarrolle en horario nocturno, deben tener en cuenta que la convocatoria de los sindicatos establece que para los turnos de noche la huelga empieza antes de las 0.00 horas del día 29.

8.            SOBRE RETRASOS  DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

Si el trabajador que no secunde la huelga llega tarde a trabajar por el transporte público la empresa no puede sancionar a un trabajador por este motivo. No hace falta ni siquiera pedir un justificante porque la anormalidad (la convocatoria de una huelga general) ya está más que justificada. Tan sólo habría que llamar para avisar de que se llega tarde. Eso sí, LOS MINUTOS O LAS HORAS QUE SE HAYAN PERDIDO HAY QUE RECUPERARLOS ESE MISMO DÍA.

NUESTROS COMPROMISOS

Como no podía ser de otra manera, los delegados de CCOO del Comité de Madrid  somos conscientes de las limitaciones legales que afectan a los denominados Piquetes. Ejerceremos nuestro derecho a:

-              dar publicidad a la misma,

-              hacer proselitismo para conseguir la participación de trabajadores

-              -informar sobre las causas que motivan la huelga.

Siempre sin perturbar el desarrollo normal de los procesos productivos. En ningún caso está amparamos la violencia sobre personas o cosas, las amenazas o las coacciones que, por otra parte, pueden dar lugar a la incoación de una causa penal.

LOS CINCO DELEGADOS DE CCOO DEL COMITÉ DE MADRID SI SECUNDAREMOS LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO Y, POR SUPUESTO, ACUDIREMOS A LA MANIFESTACIÓN.

EN NUESTRO BLOG PODRÉIS LEER LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA JORNADA.

La verdadera historia de la reforma laboral

Vídeo elaborado por los jóvenes de CCOO-Andalucía, donde de forma resumida, pero detallada, se reflejan los elementos básicos de la reforma. Os propongo que observéis su contenido con atención. Se trata de un fórmula innovadora con la que el Sindicato de CCOO pretende dar a conocer a todos los trabajadores los aspectos más relevantes.

DECLARACIÓN DEL CONSEJO CONFEDERAL

DE CCOO Y DEL COMITÉ CONFEDERAL DE UGT

La reforma laboral aprobada por el Gobierno, sin diálogo ni negociación con los interlocutores sociales, es una pieza más de las políticas de ajuste que promueven las instituciones europeas, lideradas por los Gobiernos de Alemania y Francia, para satisfacer las demandas de los mercados financieros que especulan con las deudas soberanas.

La Unión Europea, desde mediados de 2010, orientó sus políticas para enfrentar la crisis, exclusivamente hacia la reducción del déficit público, renunciando a cualquier estímulo a la reactivación económica y apostando por la reducción del gasto social y la desregulación del mercado laboral. En realidad, las políticas europeas no buscan la mejor salida de la crisis, sino aprovechar la misma para debilitar el Estado social y los derechos de los trabajadores.

Las políticas antes citadas no han conseguido los objetivos anunciados; por el contrario han alejado el crecimiento y la Unión Europea volverá a entrar en recesión. El resultado es elocuente: 24,5 millones de personas en paro. Imponer estas políticas también ha comportado graves consecuencias para la calidad de la democracia en Europa. No se ha dudado en forzar cambios en las constituciones soberanas de varios países, y en otros se han impuesto gobiernos tecnocráticos. Todo ello promovido desde las élites políticas, negando la participación de la ciudadanía. España es un buen ejemplo de lo que decimos.

En nuestro país, las políticas aplicadas desde 2010 –a las que ya respondimos con una huelga general el 29 de septiembre de 2010- han supuesto la paulatina degradación de los servicios públicos y las políticas sociales que, en el marco de la crisis, está sirviendo de coartada para su progresiva privatización, generando mayores injusticias y desigualdades entre la ciudadanía. Por otro lado, se está produciendo un empeoramiento de la situación económica: se ha deprimido el consumo, el crédito sigue sin fluir pese a las ayudas a las entidades financieras, cae la actividad económica, y crece el desempleo, que entre losjóvenes alcanza una tasa cercana al 50%.

Cambio de ciclo político

El cambio de ciclo político iniciado en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011 y que culminó en noviembre pasado con el triunfo por mayoría absoluta del PP, ha provocado la mayor concentración de poder institucional que ha tenido fuerza política alguna desde el inicio de la democracia. El nuevo Gobierno, lejos de corregir las fracasadas políticas anteriores, ha optado por insistir y profundizar en ellas. Nunca un Gobierno hizo tanto y en tan poco tiempo por acabar con la arquitectura social y laboral que entre todos decidimos poner en marcha tras las primeras elecciones democráticas de 1977, y que fue consagrada por la Constitución española.

Insistir en las citadas políticas es suicida. La ausencia de actividad económica es la que explica que el desempleo siga creciendo en España. Hace ya dos años y medio que el movimiento sindical propuso un Pacto por el Empleo, con participación de los poderes públicos, las organizaciones sindicales y empresariales y las fuerzas políticas parlamentarias. Un Pacto que contemplase la política fiscal, la reforma del sistema financiero, la política de rentas, el control de los precios, la política industrial, y que combinase las medidas de flexibilidad interna en las empresas con otras destinadas a la reactivación económica y al cambio del modelo productivo. Ni éste ni el anterior Gobierno fueron sensibles a esta propuesta.

Ahora nos encontramos con una nueva reforma laboral, aprobada mediante Real Decreto, sin negociación con los interlocutores sociales, que no respeta el reciente acuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales, y que tanto en la forma como en el fondo puede ser inconstitucional. Una reforma aplaudida por los empresarios y por los foros internacionales que defienden las políticas de ajuste.

La reforma laboral del Gobierno que preside Mariano Rajoy interrumpe el derecho del trabajo y lo reemplaza por una ilimitada arbitrariedad empresarial; facilita y abarata el despido; no reduce las modalidades de contratación y por el contrario las aumenta y precariza; introduce discriminaciones en las posibilidades de empleo; rompe el equilibrio de la negociación colectiva; y abre las puertas al despido, por primera vez, en las Administraciones Públicas.

Pero, además, se asesta un duro golpe a nuestro modelo social, a los pilares del Estado de bienestar: la sanidad, la educación y las políticas sociales. La constitución, hace unas semanas, de la Plataforma en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos es una excelente herramienta para unir a amplios colectivos de la sociedad española y combatir los recortes de las políticas públicas. Por si fuera poco, el Gobierno anuncia su voluntad de eliminar o devaluar importantes derechos civiles como el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, el matrimonio homosexual o los derechos de la inmigración. De no evitarlo asistiríamos a una quiebra de nuestro modelo de convivencia, y a la confirmación de un programa de acción política sometido a las exigencias de los mercados financieros.

Por todo ello, el Comité Confederal de UGT y el Consejo Confederal de CCOO, máximos órganos de dirección de ambos sindicatos, han decidido convocar una huelga general el 29 de marzo, y mantener la presión social hasta que el Gobierno rectifique y abra una negociación para abordar la situación aquí denunciada. Hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de la producción y los servicios, de las Administraciones Públicas, para que participen en esta huelga. Igualmente, nos dirigimos al resto de la ciudadanía para que la apoye y se manifieste contra estas medidas que, de llevarse a cabo, acabarán con derechos históricos, que tanto nos costó conquistar.

Preguntas y respuestas sobre la reforma laboral

NOTA INFORMATIVA

Tras el acuerdo adoptado por el Comité de Empresa de Madrid, se interpuso por el mismo PAPELETA DE CONCILIACIÓN en materia de CONFLICTO COLECTIVO contra KONE. En este escrito, firmado por todos los miembros integrantes del comité se SOLICITA AL INSTITUTO LABORAL QUE “tenga por formulada demanda de CONFLICTO COLECTIVO”, puesto que, la mediación en el Instituto Laboral es, según el Convenio Colectivo por el que nos regimos, un trámite previo necesario antes de acudir a la vía judicial.
El pasado martes 28, a las 9:45, se produjo la comparecencia ante el INSTITUTO LABORAL. A la mediación acudimos Rosa Isabel Rivas, Raquel Jiménez, Dionisio Pérez y Jose Luis Sánchez, todos ellos delegados de UGT y; como delegados de CCOO, Rosario Gómez, Enrique García y Carlos López.
En esta reunión, tal como se recoge en el texto de la demanda, se dejaron claros los siguientes hechos:
1. La Empresa, no ha pagado el IPC correspondiente a las Guardias y a las salidas de 24 h. de los técnicos suscritos al acuerdo firmado el 18 de marzo de 2008, único texto que regula esta materia en el ámbito interno de la empresa y que, hasta día de hoy, se cumple y respeta por ambas partes en todos y cada uno de sus aspectos, excepto en el abono de las cantidades correspondientes al IPC de todo el 2011 y de enero y febrero de 2012
2. La Empresa ha mantenido, en el 2011 únicamente 2 reuniones con el Comité de Empresa y, tal como figura en las actas de 16 de mayo y de 6 de agosto de este año, y en ambas ha manifestado claramente su intención de abonar las cantidades con carácter retroactivo. De hecho, en las actas se reconoce por la empresa que “están buscando la fórmula más adecuada para efectuar el ingreso”.
3. En la reunión mantenida con el Comité el 23 de enero de 2012, tal como figura en el acta, la empresa “dada la situación económica decidió no aplicar subida alguna por este concepto”.
4. Sólo cabe reclamar las cantidades que se adeudan los 12 meses anteriores a la reclamación de las mismas, de forma que la dilatación del proceso puede suponer pérdidas económicas para los interesados.
A pesar de lo anterior, y del compromiso de los delegados de UGT de iniciar el CONFLICTO COLECTIVO para reclamar el cumplimiento del acuerdo de 2008, haciendo uso de su mayoría en el Comité de Empresa, y del hecho de que esta actuación hemos intentado efectuarla de manera CONJUNTA COMO COMITÉ (al margen de las siglas sindicales), han llegado a un acuerdo: que el próximo 8 de marzo, el comité se reunirá otra vez (y después de 14 meses de adeudando las cantidades correspondientes a los técnicos) para negociar. Así, tal como figura en el acta del INSTITUTO LABORAL:
Realizado el ACTO DE CONCILIACIÓN entre las representaciones antes mencionadas se da por finalizad con el resultado de: CON la siguiente AVENENCIA,
1. Ambas partes se comprometen a mantener una reunión, en el seno de la Empresa, en próximo día 8 de marzo a las 15:00 horas, con el único punto del orden del día de interpretación y valoración del “Protocolo de Funcionamiento del Servicio de Guardias y Salidas en Disponibilidad de 24 h”.
Aunque en esta acta se indica que existe avenencia, deseamos poner de manifiesto el TAJANTE DESACUERDO de los miembros de CCOO con esta decisión. Esto es así porque:
1º. Entendemos que si la empresa quiere pagar el IPC, sólo tiene que hacer efectivo el abono.
2º. Nos han engañado durante todo el 2011, asegurándonos que se pagaría este concepto y sólo en la última reunión reconocen que no tienen intención alguna de pagar la cantidad.
3º. La negociación interna es para nosotros la mejor vía. LO HEMOS INTENTADO, pero, obviamente, la empresa ni siquiera ha contemplado la posibilidad, puesto que ellos efectúan una interpretación del Acuerdo del 2008 en función de la cual no están obligados a pagar el IPC a partir de diciembre de 2010.
4º. ¿Quieren reunirse el día 8 de marzo? Estaremos encantados. Si llegamos a un acuerdo, que sólo puede ser el abono de las cantidades adeudadas a lo compañeros, puesto que no seremos nosotros quienes nos creamos con autoridad moral para mercadear con el dinero de nuestros representados, DESISTIRIAMOS DE LA DEMANDA DE CONFLICTO COLECTIVO y todo se queda solucionado de manera satisfactoria para ambas partes.
SIN EMBARGO, LOS DELEGADOS DE UGT HAN CERRADO EL PROCESO YA INICIADO. HAN ACORDADO REUNIRSE PARA HABLAR Y RETIRAR EL CONFLICTO. ASÍ SI LA EMPRESA NO CAMBIA DE OPINIÓN Y PAGA EL IPC ADEUDADO, TENDREMOS QUE EMPEZAR DE NUEVO Y VOLVER AL INSTITUTO LABORAL.
ESTO NO ES LO QUE HABÍAMOS ACORDADO EN LAS REUNIONES ANTERIORES CON ELLOS. Los delegados de CCOO hemos comenzado a efectuar reclamaciones individuales de cantidad porque, como se ha dicho, la dilación del proceso, AHORA archivado, puede suponer la pérdida de dinero y desde luego de tiempo. Si estáis interesados, poneros en contacto con nosotros.


Fdo: Delegados de CCOO de Comité de Empresa de Madrid
y Sindicato CCOO

GACETA SINDICAL Nº 83

El mantenimiento

de las políticas

sociales y de igualdad,

es un principio y un derecho

irrenunciable

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han presentado junto a representantes de cuarenta organizaciones sindicales, sociales y culturales, la Plataforma Social para la defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos de calidad, universales, accesibles, que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad. Una importante iniciativa que, como ha destacado el secretario general de CCOO “nace para dar una respuesta desde la sociedad civil a la necesidad de defensa de un modelo social que ha sentado las bases del bienestar y que ahora se ve amenazado por las políticas de ajustes y de recortes auspiciadas por las instituciones europeas e impuestas por los Gobiernos central y autonómicos”.

Las organizaciones que

forman la Plataforma Social

apuestan por otra salida de la

crisis: solidaria, redistributiva,

que mantenga las políticas

sociales públicas; sustentada

en unos sistemas fiscales

progresivos y suficientes,

y en el reforzamiento de la

democracia a través de la

negociación, la concertación y

la participación social

Como se denuncia en el manifiesto hecho público durante la presentación de esta importante iniciativa, “Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una reducción del gasto social, una minoración de los sistemas fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos en la vida económica y social”. Unos argumentos que la Plataforma Social para la defensa del Estado de Bienestar y los servicios públicos no comparten.

Además, advierten que la crisis ha aumentado las desigualdades sociales y que en España a la desigual distribución de la renta se ha unido un injusto sistema tributario, caracterizado por su regresividad. Pues “ni todas las fuentes de renta contribuyen con La misma intensidad, ni toda la ciudadanía, ni todas las empresas contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica.”

Sin recursos suficientes, advierten, los poderes públicos no pueden desarrollar una asignación equitativa de los recursos que redunde en el progreso social y económico, y que garantice la asistencia y las prestaciones sociales para las situaciones de necesidad.

En este sentido, las cuarenta organizaciones que constituyen la Plataforma consideran que la protección integral y la universalización de la cobertura de las prestaciones sociales son una parte indispensable del estado social, y denuncian que las propuestas neoliberales están sirviendo a los poderes públicos como pretexto para renunciar a ejercer sus potestades de provisión, financiación, gestión, organización, planificación y regulación, en aras de garantizar la cobertura de necesidades y tutelar los derechos sociales fundamentales

Por ello, defienden la gestión pública directa para acceder a los servicios públicos de forma universal, para favorecer la equidad y calidad de los mismos, con una adecuada acción inspectora que evite desviaciones en su gestión. Asimismo, exigen la reorientación de la política económica hacia criterios de sostenibilidad y equidad como eje de la recuperación y no basada exclusivamente en la reducción del déficit público a través del recorte del gasto. Además, reclaman un sistema fiscal progresivo, que se amplíe el plazo del cumplimiento de los objetivos de déficit, pues como ha recordado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “no es posible sostener el modelo social con un objetivo de déficit del 4,4% para este año”; así como el reforzamiento de la democracia a través de la negociación, la concertación y la participción. El gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, sanitaria y de servicios sociales, es la contribución directa que las Administraciones deben hacer para favorecer la salida de la crisis. Y para ello, la Plataforma Social recuerda que son necesarios unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía. Unos servicios públicos de calidad como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre; basada en la justicia distributiva y la universalidad, y donde las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles.

Los servicios públicos

de interés general son fuente

de desarrollo económico,

de creación de empleo,

prosperidad y cohesión

social. Por ello, la Plataforma

Social exige a los Gobiernos

que rectifiquen la orientación

de sus políticas sociales,

recuperando

el mantenimiento y mejora

del Estado de bienestar

como uno de los ejes

fundamentales de nuestro

modelo social

CCOO convoca una jornada de movilización en defensa del empleo y los servicios públicos

CCOO y UGT convocarán manifestaciones en las principales ciudades españolas para el próximo 29 de febrero en defensa del empleo, los servicios públicos y contra la reforma laboral, en una Jornada de Acción Europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que se celebra en vísperas del Consejo Europeo del 1 y 2 de marzo, en el que se pretende alcanzar un pacto fiscal, y de la Cumbre del Diálogo Social tripartito que la precede.